España, caso único en Europa donde los agentes ambientales sufren ataques graves con armas y amenazas. El Gobierno carece de datos sobre agresiones

En dos semanas de septiembre y octubre, un agente fue retenido por inspeccionar pozos ilegales en Doñana y otro esquivó un hachazo in extremisen León

“Somos los malos para quienes se toman como propiedad lo que es de todos porque hacemos ejecutar la norma”, explica un afectado

Raúl Rejón para eldiario.es 30/10/2018 –

El hachazo cayó a unos centímetros del agente ambiental José Félix Udaondo. “Iba a darle una indicación, pero no llegué a decirle nada. Salió dando gritos y sacó el hacha. Yo tenía la cabeza por fuera de la ventanilla del vehículo. La levantó con las dos manos y descargó el golpe”. La reacción rápida de dejar caer el coche cuesta abajo le salvó.

Era el pasado 7 de octubre en la comarca de Boñar, en León. El hombre circulaba por caminos prohibidos. En el fondo del asunto estaba “el conflicto entre ganaderos por los derechos de pasto”, cuenta el agente a eldiario.es. Solo dos semanas antes, en la otra punta de la península, la Guardia Civil tuvo que rescatar a un agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tras ser retenido y hostigado por un grupo de personas cuando revisaba pozos de regadío ilegales en el entorno de Doñana. Estuvo varios días hospitalizado y todavía no tiene ánimo para hablar del episodio.

“En el medio ambiente somos los malos porque hacemos ejecutar la norma”, reflexiona Udaondo sobre qué ocurre en el campo español. Los malos para algunos ganaderos, para cazadores o para agricultores. “Para los que toman como propiedad lo que es de todos”, abunda este funcionario con 30 años de experiencia.

En los últimos tres años se han registrado 33 agresiones calificadas de graves como la vivida por el agente leonés. Dos agentes murieron en Lleida por los disparos de un cazador al que le requirieron la documentación en enero de 2017. Pero el registro que lleva la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales es mucho más extenso: en la lista de casos documentados a lo largo de los años aparecen agresiones en grupo, ataques con arma blanca, disparos perdidos, mordiscos de perro, persecuciones en coche, amenazas de muerte o avisos a la familia. “Sí que hay temor porque la mayoría de las veces salimos en solitario y sin medidas de auto-protección”, relata Miguel Garrido, que ejerce en el Principado de Asturias.

En África, América y Asia, los forestales –y activistas medioambientales– soportan presión y ataques por parte de los sectores de la caza furtiva, la especulación forestal, agrícola o minera. Los rangers se han convertido en unidades más cercanas a las fuerzas armadas que a la vigilancia ambiental. El año pasado murieron 197 “defensores”, cuatro veces más que en 2002, según la  recopilación de la ONG Global Witness. Dos de ellos en España, que se ha convertido en un caso único en el continente. “En Europa, afortunadamente, no nos enfrentamos tanto a ataques personales como en otros continentes”, contesta el coordinador de Euro Rangers, Frank Grütz.

El Gobierno español desconoce cuál es la dimensión de este problema: “El Sistema Estadístico de Criminalidad no dispone de los datos”, ha contestado el Ejecutivo el 18 de octubre pasado a una pregunta parlamentaria de los diputados socialistas, Zaida Cantera y Gonzalo Palacín sobre el número de agresiones, su gravedad y ubicación.

Manuel J. no quiere dar su nombre real y admite que es por “temor a represalias”. Tiene destino en Ciudad Real. “Tensión hemos vivido todos y agresiones, la mayoría”, resume. Manuel recuerda cómo fue a cumplir con una intervención a una finca privada: “Acudí a comprobar un caso de caza ilegal. Encontré los artilugios y los precinté”. Aun así, a los dos días, estaba de servicio en otra zona y apareció el dueño, relata. “Vino a buscarme. Me amenazó con que iba a denunciarme por prevaricación. Y, en un momento dado, me embistió con el coche. Del choque, reventó la rueda de mi vehículo”.

Manuel se mueve por un área de miles de hectáreas muchas dedicadas a la caza. “En cualquier servicio puede estallar, pero con la caza, al haber armas de fuego, pues resulta más peligroso. Con ir siempre en parejas se controlaría mucho”, se conforma.

Machismo y paternalismo

Esther Ruiz ha patrullado hasta hace muy poco en La Pedriza. Un canchal granítico en la Comunidad de Madrid que ahora forma parte del Parque Nacional del Guadarrama. Hace 19 años que es agente. El pasado agosto, Esther se enfrentó a unos ganaderos que estaban haciendo quemas en plena época de máximo riesgo de incendios forestales. “Allí había plásticos, palés, botes, de todo”, recuerda. “Le dije que iba a denunciarlo y me dijo que él no había prendido la llama. Que había sido un rayo”. A partir de ahí, “nos cercó. No quería dejarnos salir de la finca y comenzaron a bloquear la salida con un tractor. Pensé que volcaba el coche. Nos decía: “De aquí no salís’”.

La agente, que acaba de salir número uno en su promoción de ascenso, explica que, además, tiene que soportar “que el mundo rural es muy rancio”. Y añade: “Hay mucho machismo y mucho paternalismo que nos infantiliza a las agentes: te tratan con un ‘cariño’ o un ‘bonita'”. Nada adecuado para referirse a la autoridad. Y, claro, cuando llega la denuncia el choque es abrupto.

En España, los agentes (6.000 efectivos) dependen del Ministerio de Transición Ecológica, de las comunidades autónomas y, algunos, de las entidades locales. Cipriano Dorrego es uno de estos últimos y vigila el entorno natural de El Espinar, en Segovia. Una zona célebre por sus pinares entre granito. Su carrera comenzó en 1981. “Claro que hay impunidad. Sobre todo, a la hora de intimidarnos. Estamos solos. No hay testigos”. Cipri, así se le conoce, estuvo acosado por un vecino durante un tiempo: “Pinchazos en el coche, bloquearme la salida con cubos de basura…” Hasta que, al final, “le llamé la atención por haber cortado un pino sin permiso. Intentó darme y me defendí. Se puso a tirarme piedras hasta que se lo llevaron detenido”.

Dorrego coincide en que “no se asimila que somos una autoridad”. Tanto que, en otra ocasión detectó a un grupo de motoristas que marchaban por áreas prohibidas, “no los persigues, se ríen de ti”, pero les esperó en la furgoneta que utilizaban. “Iban con motos sin matrícula y arremetieron para escaparse”.

Pensarlo antes de actuar

Manuel, desde Ciudad Real, comenta que “somos conscientes de que corremos un riesgo”. Y eso puede condicionar esta labor de protección ambiental ya que, a base de impunidad, a los agentes pueden asaltarles las dudas. “Antes de pedir la documentación o denunciar hay que pensar si vas para adelante porque una vez tomado el paso ya no hay marcha atrás. Pides algo, miran para los lados y si no hay más gente, te dan un golpe y se van.”, admite Cipriano Dorrego.

“No se puede denunciar todo lo que ves. No soltaríamos la libreta”, cuenta Udaondo. El agente leonés explica que “aquí hay ganaderos con 200 cabezas y no tienen una cuadra para resguardarlas en invierno. Más tarde ves a las ovejas parir en la nieve ¡y luego se quejan del lobo!”

En este sentido, Miguel Garrido ha visto cómo la conflictividad ha ido creciendo en Asturias “sobre todo en las inspecciones de supuestos ataques de lobo al ganado. Llegamos a una evaluación y sí hay temor. De esa inspección dependen las indemnizaciones”. Manuel J. es pesimista y prevé que esta situación “va a ir a más porque trabajamos en zonas aisladas y en solitario”.

¿Por qué España es especial? Los forestales españoles cuentan que cuando acuden a foros europeos, les contestan que se ven “perjudicados” por tener carácter policial: “Poner denuncias, realizar inspecciones, levantar atestados, acudir a juicios…”. En muchos países de la Unión Europea, estas atribuciones “han ido desapareciendo”, cuentan. En Italia el Corpo Forestale, que disponía de 13.000 miembros, simplemente se ha evaporado, integrando a parte de sus agentes en otras labores. En Portugal son 150 personas. En Grecia, “cuesta encontrar un agente”, dicen. “Se ha ido derivando a labores de educación ambiental o toma de datos”.

José Luis Udaondo, que aguarda la vista que juzgue a su presunto agresor, resume: “Sin el carácter de policía este sería un trabajo idílico. Pero saldría perdiendo el medio ambiente”.