El Tribunal de Cuentas señala por primera vez a los responsables políticos de la venta de 1.860 viviendas públicas municipales al fondo buitre Blackstone y les condena a pagar 25 millones por malvender aquellos pisos.

La Comunidad de Madrid emprendió, bajo el mandato de Ignacio González, una operación similar con 3.000 viviendas del IVIMA que también está siendo investigada.

Los dos procesos se iniciaron en paralelo y tienen similitudes: varias sentencias señalan que las administraciones no justificaron la necesidad urgente de deshacerse de ese patrimonio público y obviaron el interés de todos.

Sofía Pérez Mendoza 28/12/2018 –  eldiario.es

Imagen destacada: La exalcaldesa Ana Botella y el expresidente de Madrid, Ignacio González, en una foto de archivo. EFE


Las dos operaciones se emprendieron en paralelo con un objetivo idéntico: vender patrimonio público en uso, en forma de viviendas sociales, a fondos de inversión para obtener liquidez en plena crisis económica. Esa al menos fue la justificación de los gobiernos del PP que, desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, impulsaron la enajenación de casi 5.000 viviendas protegidas en 2013.

Cinco años después, la lista de órganos judiciales que cuestionan el argumento oficial es cada vez más alargada. Varios jueces han concluido que las operaciones no estuvieron debidamente respaldadas en datos objetivos que justificaran la necesidad de la venta por el precio acordado.

La primera condena ha llegado este jueves, cinco años después de que el Ayuntamiento de Madrid enajenase 18 bloques de viviendas públicas. El Tribunal de Cuentas, el organismo que fiscaliza el gasto de las administraciones públicas, señala por primera vez a los dirigentes políticos responsables de la venta de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo al fondo buitre Blackstone y les condena al pago de 25 millones de euros por el perjuicio patrimonial que produjo aquella operación. La primera responsable de la venta es Ana Botella, alcaldesa de Madrid en aquel momento.

La enajenación, según la sentencia del Tribunal de Cuentas, se llevó a cabo sin una tasación fiable, sin publicidad, haciendo uso de información privilegiada y sin tener en cuenta el interés público. El fallo subraya que las actuaciones ni tuvieron «justificación jurídica» ni «motivación económica admisible» porque «no se valoraron otras posibilidades» y llevaron a cabo en unas «condiciones» que generaron perjuicio a las arcas públicas: el precio por el que se vendieron, 128,5 millones de euros, era inferior a su valor real. Veintidós millones inferior, según el fallo.

El argumento no es nuevo. Un motivo muy similar  esgrime una sentencia de mayo de 2018, que no corresponde a esta operación municipal sino a la autonómica que impulsó de manera paralela el Gobierno de Ignacio González desde la Puerta del Sol y que despojó al instituto autonómico de la vivienda de 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales, que fueron vendidos por 210 millones de euros al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora. Según este fallo,emitido por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid,  la venta se sostuvo en «la llana afirmación» de que las viviendas no eran «necesarias» y sin informes de tipo económico que respaldaran semejante razonamiento.

«No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones […], cuando cumplen  una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna». Otra sentencia firmada cuatro meses después en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 copiaba el primer fallo. Las dos anulaban las resoluciones administrativas que permitieron la operación y han sido recurridas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, bajo la premisa de que la decisión sí  se basó «en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene previsto pronunciarse sobre el asunto a finales de enero.

Según la ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, «los bienes y derechos que constituyan el dominio privado, cuando no sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, podrán ser enajenados». Las sentencias conocidas hasta ahora ponen en cuestión precisamente el hecho de que no fueran necesarias cuando estaban ocupadas por inquilinos que habían accedido a ellas por su limitado nivel de renta, a quienes en teoría se debería haber facilitado su compra a los diez años. Pero no fue así.

El fallo del Tribunal de Cuentas carga contra la filosofía de este tipo de operaciones:  «Resultaría jurídicamente inviable y socialmente indefendible que pudiera cobrarse un determinado precio máximo por la compra de un inmueble a una persona amparada por un régimen de protección social derivado de su situación de escasez patrimonial y, sin embargo, pudiera cobrarse un precio inferior por ese mismo inmueble a personas físicas o jurídicas que no gozaran de esa protección social al ser su situación financiera sostenible».

En ambos procesos, el del Ayuntamiento y el de la Comunidad, los responsables políticos aseguraron a los inquilinos que sus rentas de alquiler no se verían afectadas. Una promesa que se desplomó en cuanto empezaron a expirar los contratos. Entonces, el nuevo fondo propietario inició una escalada de subida de precios. Las familias que aún viven en esas casas han sufrido aumentos mensuales que alcanzan el 40%. Muchos se han ido y otros tantos han sido desahuciados por impago de la renta de inmuebles pensados para garantizar la vivienda a los colectivos más vulnerables.

Investigaciones abiertas en lo penal

Las operaciones paralelas que hicieron de la vivienda pública objeto de negocio inmobiliario en Madrid encuentran además otras similitudes: ambas están siendo investigadas en los juzgados de lo penal al encontrarse en ellas indicios de «delitos de prevaricación, malversación y fraude».

La actuación municipal se investigó y se archivó, pero después volvió a reabrirse tras un demoledor informe de la Cámara de Cuentas del que se nutre en parte la sentencia del Tribunal de Cuentas conocida este viernes. La causa inició su recorrido penal a raíz de una querella de la asociación de afectados y afectadas por la venta, apoyada por el PSOE y después por el Gobierno municipal de Manuela Carmena, cuya ampliación permitió la reapertura por la «eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude» en el proceso de traspaso de 1.862 viviendas».

La enajenación de los pisos del IVIMA, por otro lado, mantiene imputados desde hace dos años a los directores de la entidad pública de la época: Ana Gomendio y Juan Van-Halen. La causa permanece abierta en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. La semana pasada la Fiscalía emitió un escrito con un giro de criterio que pedía el archivo de la investigación, aunque admitía que había «irregularidades».

Según el escrito del Ministerio Público, estas «irregularidades» se producen en el marco de una «legislación permisiva» que es «el origen del conflicto» y «cuya solución requeriría reformas legislativas». «En el curso del análisis se comprobó igualmente que las irregularidades tuvieron lugar en el marco de una legislación que permite la venta de promociones públicas a «…personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones».

El expolio de vivienda pública transita desde hace años por diversas vías judiciales. La propia Fiscalía recomienda a los afectados y afectadas recurrir por la vía de lo contencioso administrativo, estancada de momento a la espera del pronunciamiento del TSJM. Tras varios intentos frustrados y recursos,  el Tribunal Supremo terminó reconociendo el derecho de los inquilinos a poner un recurso sobre la venta porque eran parte afectada. Hasta finales de 2016, los afectados estaban atados de pies y manos porque la justicia no reconocía las «consecuencias directas» que había tenido sobre ellos la operación. Ahora, la misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que negó el derecho de los inquilinos a recurrir, deberá pronunciarse por primera vez sobre el fondo de la cuestión.

Un cambio de Gobierno, o no

Pese que las causas han ido avanzando a un ritmo similar, la primera condena ha sido para los cargos del Ayuntamiento que pilotaron la venta. Mucho ha influido el cambio de Gobierno municipal frente a la continuidad del PP en la Comunidad de Madrid. El equipo de Manuela Carmena impulsó una comisión de investigación municipal cuyo dictamen ha sido fundamental para la sentencia del Tribunal de Cuentas. Además, se personó en la querella y este viernes ha asegurado que tratará de lograr la nulidad del proceso, la demanda que repiten una y otra vez los afectados. El castigo económico impuesto a Ana Botella y otros responsables políticos de la época, dicen, no les «repara» porque Blackstone sigue siendo su casero.

Mientras tanto, las familias que esperan una vivienda social se eternizan en la lista. No hay pisos para tantos demandantes. Solo en la ciudad de Madrid hay 29.000 personas apuntadas y 6.000 casas. La venta al fondo buitre Blackstone supuso la pérdida de cerca de un cuarto del patrimonio. «Tenemos un grave problema de acceso a la vivienda», reconocía hace unos días la primera teniente de alcaldesa, Marta Higueras, en una visita a unas nuevas promociones que el Ayuntamiento está construyendo. Según datos municipales, la EMVS tiene en este momento 3.374 viviendas más en distintas fases de promoción que aún no han sido entregadas.

En la Comunidad las cifras no dejan tampoco espacio al optimismo. El IVIMA, ahora renombrado como Agencia de la Vivienda Social, mantiene en la espera a 3.700 personas pese a que 500 de las viviendas de su cartera está vacías. El Gobierno justifica que estas casas están en proceso de reforma. A ellas hay que sumar otras 2.000 que están ocupadas por personas que no tienen título legal para hacerlo.