La moción planteada por IU, que pedía rescindir el convenio entre la Fundación Cultural Santa Teresa y la UCAV ha derivado en un agrio y desagradable debate, especialmente entre los portavoces de IU y PP, que se han llegado a citar ante los tribunales. “Nos veremos donde nos tengamos que ver”, se ha llegado a decir.

 

Avilared. 31 de julio de 2018

Pese a los 21 años transcurridos desde la firma del convenio entre Fundación Cultural Santa Teresa y la Universidad Católica de Ávila (UCAV), el “recurrente debate” en torno a esta institución académica, tal y como ha señalado el portavoz del PP, Juan Pablo Martín, sigue levantando tantas pasiones como hace dos décadas.

De hecho, la moción presentada por IU exaltó los ánimos, especialmente del portavoz de la coalición, Santiago Jiménez, que llegó a tachar de “mentiroso” a Martín y de “falso” su discurso en torno al asunto que se debatía.

Por resumir, IU planteaba que la Diputación denunciara el convenio rubricado en 1997 entre la Fundación Cultural Santa Teresa y la UCAV para la cesión de uso del antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios. El motivo fundamental de los esgrimidos por la coalición: el incumplimiento de dicho convenio por parte de la institución académica, al no abonar a la Diputación los diferentes impuestos y gastos del edificio.

Entre ellos citó la tasa de recogida de basuras, la de tratamiento y eliminación de residuos, la de agua o los gastos de energía eléctrica y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La ‘deuda” de la UCAV por el IBI

Respecto a este último, Jiménez hizo un cálculo de lo que la UCAV habría dejado de pagar en este tiempo a la institución provincial y que esta ha asumido por el pago del IBI “quitándoselo a los ciudadanos en beneficio de la UCAV, que no es una ong”.

Según esos cálculos, la UCAV habría dejado de abonar a la corporación provincial en concepto de IBI más de 1,7 millones de euros. Una cantidad a la que deberían sumarse el resto de tasas y gastos, según Jiménez.

Ante esta situación, Jiménez planteó que la Diputación denuncie el convenio para su rescisión por “incumplimiento de los acuerdos contemplados en él”. De no ser así, el portavoz de IU llegó a sugerir la posibilidad de que se estuviesen adoptando acuerdos por parte de funcionarios públicos, a sabiendas de su injusticia. Es decir, prevaricar.

Este discurso fue asumido por el portavoz de Trato Ciudadano, Rubén Arroyo, quien llegó a preguntar en varias ocasiones si cabía la posibilidad de rescindir unilateralmente el convenio con la UCAV. Al igual que Jiménez, Arroyo también advirtió de las posibles “consecuencias penales” para los diputados provinciales, ante una “resolución, conscientes de que es injusta”. Igualmente, habló de “malversación”.

Rechazada la transaccional del PSOE

Por su parte, el portavoz del PSOE, Jesús Caro, llegó a plantear una transaccional para que los servicios jurídicos y económicos emitieran un informe técnico sobre el “grado de cumplimiento” del convenio; sin embargo, el portavoz de IU la rechazó con firmeza, defendiendo su propuesta inicial y advirtiendo: “están incumpliendo a sabiendas, así que tiren para adelante”.

El enfado y la tensión eran evidentes en un debate agrio, en el que el portavoz del PP lamentó que Jiménez “amenazara con el Código Penal”, después de que hace algún tiempo una denuncia similar “no tuviera ningún recorrido”.

Tras señalar que en el debate sobre la UCAV “sobran prejuicios e informaciones tendenciosas”, Juan Pablo Martín aclaró que la legalidad de 1997 no es la misma que la actual y que en aquel momento “no era de aplicación el IBI”. “Fue una circunstancia sobrevenida tras la firma”, añadió.

Martín, que instó a Jiménez a “no amenazar judicialmente desde la lectura interesada de la realidad”, señaló que el convenio rubricado por un periodo de 50 años está “plenamente vigente” y que no es posible romperlo de forma unilateral, porque de hacerlo la UCAV reclamaría “daños y perjuicios”.

Asimismo, acusó a IU de querer que “desaparezca” la Universidad Católica y defendió la “importancia” de la UCAV “par Ávila”. Además, dijo que “tiene que seguir creciendo”.

Aludiendo a varios informes del secretario general de la institución, el portavoz del PP dijo que sus conclusiones fueron “inequívocas”, al señalar que la Diputación, como titular del inmueble, estaba “obligada a pagar”, sin que quepan excepciones. Asimismo, señalaban que el IBI “debe ser repercutido a la UCAV y así ha sido trasladado”, según el portavoz del PP.

“Lo quieren todo”

Tras la intervención de Martín, el portavoz de IU le tachó de “mentiroso” y a su discurso de “falso”, al mismo tiempo que recordó la actitud de la UCAV realizando “obras sin consentimiento”, llegándose a “apropiar” en 2013 de una capilla, mientras la Diputación “arregla tejados y todo”.

“Lo quieren todo”, resumió Jiménez visiblemente enfadado, antes de aclarar que solicitar para la Diputación el dinero que le corresponde y que se detrae de otras partidas para los abulenses, no supone “la ruina” para la UCAV.

El portavoz del PP rechazó que hubiese hablado de ruina, para después mostrarse partidario de “defender los intereses de la Diputación, cumpliendo las normas”.

La votación de la propuesta de IU fue rechazada por los 14 votos de los diputados del PP, que tiene mayoría absoluta, mientras que PSOE, UPyD y Ciudadanos se abstuvieron. Los únicos que votaron a favor de denunciar el convenio fueron IU y Trato Ciudadano.

Postura del resto de grupos

En el debate, el portavoz del PSOE, además de plantear una transaccional, defendió que “los convenios se firman para ser cumplidos” y advirtió del “grave perjuicio” que la denuncia del acuerdo podría suponer para alumnos y trabajadores.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Alberto Becerril, habló de “incumplimiento flagrante” por parte de la UCAV, aunque abogó por que los técnicos realicen una “valoración dando una salida a la situación”.

El portavoz de UPyD, Carlos Moral, planteó la convocatoria de una comisión informativa que dé traslado de los informes elaborados al respecto. “Es un convenio, no un contrato”, dijo.

Al final del acalorado debate, el portavoz del PP pidió al secretario la transcripción “textual” de todo lo dicho en el debate, para que si se tiene que acudir a “sede juicial, se presente este informe”.

Otros acuerdos

Por otra parte, el pleno mostró su apoyo unánime a las reivindicaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio, comprometiéndose a mediar con la administración competente para que agilice las negociaciones para alcanzar un acuerdo en la firma del convenio colectivo.

Por ello, los diputados aprobaron por unanimidad la moción planteada por el PSOE, transaccional a propuesta del Grupo Popular, en la que también se solicita garantizar los derechos de los usuarios para recibir una atención digna y de calidad.

La moción recuerda que el colectivo lleva a cabo una labor fundamental para mantener la calidad de vida de nuestros mayores en una sociedad como la abulense.

Asimismo, la sesión plenaria acordó también por unanimidad, a propuesta de UPyD, instar a la Consejería de Sanidad de la Junta a la ampliación del horario de ambulancia de soporte vital básico de 14 a 24 horas, en el municipio de Las Navas del Marqués y la zona de Ávila Rural, sin que se produzca ninguna reducción en la prestación de los servicios sanitarios de otras zonas.

Igualmente, el pleno acordó derivar a la Comisión de Familia, Dependencia y Oportunidades la posible colaboración con la Junta con el objetivo de facilitar, con los medios de la Diputación, que existan más puntos de encuentro familiar, a propuesta del Grupo Ciudadanos.

Además, también se acordó derivar a esta comisión para su análisis la propuesta de UPyD para, a través de talleres de sensibilización, concienciar a la población sobre los valores de tolerancia, solidaridad y protección de los derechos humanos con el fin de prevenir la propagación de ideas y prejuicios que fomenten el odio hacia determinados colectivos.