El presidente de honor del BBVA, Francisco González. EP

, InfoLibre, 02/02/2019

Ha decidido el consejo de administración del BBVA mantener a Francisco Gonzálezcomo presidente de honor de la entidad a la espera de los resultados de una investigación «profunda y exhaustiva» que el banco ha encargado a «terceros» sobre el escándalo del espionaje a políticos y empresarios realizado por el excomisario José Manuel Villarejo, por cuyos servicios el propio BBVA ha reconocido que pagó más de cinco millones de euros entre 2012 y 2017. La decisión de la cúpula del segundo banco más importante de España debería escandalizarnos casi tanto como la propia guerra sucia que financió, porque simboliza uno de los rasgos definitorios de nuestra democracia herida: ese capitalismo de amiguetes que ha condicionado el rumbo de este país marcando el paso a la política y controlando el ecosistema mediático.

Aquí van unos breves apuntes que simplemente aspiran (una vez más) a que desde el poder no nos tomen (del todo) por idiotas.

1.- Ya debe ser suficientemente «profunda y exhaustiva» una investigación que el BBVA abrió hace ocho meses, tras conocerse las primeras informaciones sobre la estrecha y larga relación entre el banco y Cenyt, la firma de detectives del comisario encarcelado que durante al menos trece años se encargó de ejecutar lo que el mismo Francisco González ha definido (en una entrevista en El País) como «trabajos de inteligencia».

2.- Los «terceros» que se encargan de investigar quién o quiénes en el BBVA conocieron, facilitaron y pagaron por esos servicios que incluían miles de pinchazos telefónicos y seguimientos a empresarios, políticos y periodistas son la multinacional de consultoría PwC, el despacho jurídico Uría y Menéndez y el bufete Garrigues, que ya inició en el mes de junio pasado un examen de toda la documentación del caso Villarejo. En su momento quizás los accionistas puedan conocer si los emolumentos de estos prestigiosos «terceros» se acercan, igualan o superan el coste que para el BBVA tuvo la materia que ahora ellos investigan.

3.- Desde el Banco Central Europeo al Banco de España pasando por la Comisión Nacional del Mercado de Valores avisaron a los responsables del BBVA de la necesidad de aclarar con «la mayor prontitud posible» todas las irregularidades para reducir el «grave daño reputacional» que afecta a la entidad y que puede seguir creciendo. Pero es obvio que el consejo de administración considera que ocho meses no son suficientes para aclararse a sí mismo lo que ha pasado y explicárselo a sus accionistas, clientes y ciudadanos en general.

4.- Francisco González (FG), que dirigió el banco hasta diciembre pasado y mantiene la presidencia de honor tras obtener una pensión de ochenta millones de euros, no ha mostrado la más mínima intención de asumir responsabilidad alguna. La táctica es clónica de la que ha venido practicando el PP desde los tiempos de Aznar (creador junto a Rato de la red de empresas y bancos públicos privatizados a cuyos mandos colocaron a sus amigos) hasta hoy ante cualquier asunto de corrupción: no hay nada que asumir mientras no lo sentencien los tribunales. Incluso si algún día llega una condena (como ya han llegado), siempre podrá reinterpretarse la misma para limitar daños o negar que la justicia dice lo que dice. La fórmula es una especie de agua bendita cuando los presuntos delitos han prescrito, y en cualquier caso se trata de no diferenciar la responsabilidad política o ética de la legal. (Lo de la responsabilidad social corporativa y la ética en las finanzas… «si eso ya tal»).

5.- No hacían falta auditoras multinacionales ni despachos jurídicos de lujo para asumir las consecuencias mínimas de lo que ya está admitido y documentado: que el banco pagó a un conocido policía que manejaba recursos públicos y privados con el objetivo de desmontar en 2004 el intento (legítimo) de otros accionistas para descabalgar de la presidencia a FG. Lo que Villarejo ejecutó con dinero del propio banco fue toda una operación de guerra sucia para frenar desde las alcantarillas lo que se pretendía dirimir en un consejo de administración o en una junta de accionistas.

6.- Lo que demuestran los audios y documentos publicados por elconfidencial.com y moncloa.com (descontando la carga imaginativa desplegada por el excomisario en sus informes para justificar honorarios) es la cara oculta del relato que por aquellas fechas se enmarcó ante la opinión pública: «empresarios ‘del ladrillo’ ajenos al negocio bancario intentan ‘asaltar’ el BBVA con la complicidad del gobierno de Zapatero». Ahora sabemos que aquel intento contaba no sólo con la simpatía evidente del Ejecutivo socialista sino con el apoyo de importantes accionistas vascos (‘pata negra’ del Bilbao y del Vizcaya) y con la aquiescencia del Banco Santander. En el libro de Carlos Sánchez Los nuevos amos de España, editado en 2007, ya señalaba Luis del Rivero, protagonista principal de aquella operación fallida, que en el fracaso pesó decisivamente el control que FG y otros presidentes de empresas privatizadas nombrados por Aznar y Rato ejercían sobre los principales medios de comunicación a través de las inversiones publicitarias. Y denunciaba también el papel «falsamente equidistante» que jugó el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana (hoy, por cierto, en el consejo de administración del BBVA).

7.- Que Carlos Torres, actual presidente del banco, apueste por ganar tiempo o no se atreva a exigir a Francisco González que renuncie a la presidencia de honor (¡de honor!) tampoco puede extrañar, cuando ascendió hasta el cargo (más allá de sus cualidades profesionales) a la sombra del propio FG y aupado por éste. Era consejero delegado desde 2015, y por tanto tenía ya las más altas responsabilidades cuando se continuaba pagando a Villarejo por sus «trabajos». Cuesta más aceptar el argumento de que hay que «dejar trabajar» al consultor, porque a uno se le viene de inmediato a la cabeza el viejo adagio en el mundo de la banca: «un consultor es alguien a quien prestas el reloj y le pagas para que te diga la hora». En la cúpula del BBVA conocen (o deberían conocer) perfectamente la hora que da el reloj de Villarejo.

A la espera de que la Fiscalía, el Banco de España y la CNMV cumplan su obligación y no dejen solos a los afectados directos de esa guerra sucia, conviene no perder de vista la bolita de este complicado juego de trileros. Lo importante es la enésima comprobación de que en España viene funcionando desde hace décadas, y muy especialmente desde el aluvión de privatizaciones de Aznar, un establishment/casta/trama que reduce el Ibex 35 a unos pocos apellidos que creen más bien poco en la economía de libre mercado. Prefieren utilizar todo tipo de instrumentos para mantener una telaraña de intereses esencialmente económicos en la que enredan y condicionan al poder político y al mediático. Cuanto más peso tienen sus empresas o bancos más eficaz resulta esa especie de chantaje al que queda sometida la democracia si no logra que funcionen las instituciones clave: supervisores, reguladores, controles parlamentarios y judiciales o comisiones de la competencia.

P.D. Se calcula que el volumen de documentos (sonoros o escritos) encriptados y filtrados referidos sólo a la Operación BBVA asciende a unos 4.000, y que las carpetas informáticas procedentes de las décadas de actuación en las cloacas del excomisario Villarejo pesa 32 terabytes (una absoluta barbaridad, para redondear). Que sepamos, nunca trabajó «en exclusiva», ni para el Estado ni para una sola empresa o banco. De forma que es lógico pensar que conoceremos, cuando a él o a quienes manejan parte de sus archivos y los venden les parezca oportuno, otras guerras sucias. (Salvo que funcione la telaraña citada y los riegos de inversiones publicitarias al uso).

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