Jesús Maraña. InfoLibre (22/08/2018)

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
(Artículo 31. 1. de la Constitución española de 1978)

A menudo señalamos la libertad de expresión, el respeto a las creencias religiosas o la igualdad ante la ley como principios fundamentales de la democracia. Y lo son. También debería serlo el principio de progresividad fiscal que establece el artículo 31 de nuestra Constitución. Curiosamente (o no) se trata de uno de los preceptos constitucionales que permanentemente se violan, bajo la excusa de otras prioridades como la estabilidad presupuestaria o el objetivo de déficit. ¿No merecía la contrarreforma fiscal de 2012 impuesta por el PP un recurso de inconstitucionalidad? Habría caído probablemente en el cajón de lo impertinente, puesto que ya se habían colocado constitucionalmente como prioridades europeas y estatales la estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit.

Se trata de una de las armas de destrucción masiva de la democracia a las que menos importancia hemos dado y que peores consecuencias provocan. Un país que no respeta y aplica la progresividad fiscal está condenado a multiplicar la desigualdad, y de ahí surgirá el mayor desgaste democrático, salsa de populismos, movimientos xenófobos y extremismos autoritarios. Si en algo adelanta España a sus vecinos europeos es en la insistencia en cargar el mayor peso de los ingresos del Estado en las rentas del trabajo, mientras las rentas del capital son tratadas con candoroso mimo, “no vaya ser que se vayan”… (Nadie concreta adónde, puesto que en pocos lugares recibirán mayor genuflexión normativa).

Estamos publicando en infoLibre una serie de reportajes concienzudamente trabajados por Begoña P. Ramírez sobre las ventajas fiscales de la banca española. Los datos son contundentes: lo que realmente pagan las entidades financieras por el impuesto de sociedades es muchísimo menos de lo que teóricamente deberían, gracias a la aplicación de deducciones, exenciones, bonificaciones y otros ajustes tan legales como inadmisibles desde un prisma democrático que coloque como prioridad la justicia fiscal. El simple hecho de que a cuatro de los mayores bancos les salgan “a devolver” las declaraciones del impuesto de sociedades un año tras otro provoca escándalo, cuando una mayoría de asalariados trabaja entre un tercio y casi la mitad de sus horas laborables para el fisco.

Las entidades bancarias se quejan, a veces con razón, de que son criminalizadas desde 2008 como el gran demonio provocador de los sufrimientos de las clases medias. Si se acepta el sistema capitalista debe aceptarse también la existencia del negocio bancario. Como solía explicar alguno de los siete magníficos de la banca en los años de la Transición, “si existen los bancos es por una cuestión de confianza; no nos fiamos de que un hermano o un cuñado guarde nuestros ahorros, y preferimos que lo haga una entidad dedicada a multiplicar su beneficio (no el nuestro) gracias a esa confianza que le damos”. Lo cual no es óbice para exigir que aporten a la caja común lo que les corresponde en términos de justicia fiscal, una reclamación extensible a todas las grandes empresas, que utilizan los vericuetos de la ingeniería fiscal para no contribuir en la magnitud que deberían hacerlo.

Para no aburrir con cifras, y para que los habituales trolls no pierdan el tiempo en acusarnos de demagogos o de “comunistas recalcitrantes”, baste recoger un par de datos recientes.

1.- Las rentas empresariales crecieron en 2017 casi el doble que las rentas del trabajo, según la propia Agencia Tributaria.

2.- Desde 2014 (es decir desde el inicio de la supuesta recuperación económica), los beneficios de las empresas crecieron en España 16 veces más que los salarios. Un dato que debería sonrojarnos, a unos por disfrutarlo con absoluto desparpajo y a otros por soportarlo con una resignación digna de mejor causa, teniendo en cuenta además que la receta principal en la gestión de la megacrisis de 2008 había sido (muy especialmente en la Europa del sur) la devaluación salarial.

Ya sabemos que las fuerzas políticas conservadoras, y también las que suelen disfrazarse como “liberales”, son muy selectivas a la hora de reivindicar la vigencia de la Constitución de 1978. De hecho ignoran olímpicamente ese artículo 31, puesto que rechazan los principios de “igualdad” y de “progresividad” fiscal. Pese a que España sigue teniendo una presión fiscal menor que la mayoría de sus socios europeos, las derechas se apuntan desde la oposición a bajadas de impuestos que incumplen cuando llegan al Gobierno, como hizo el PP, y se echan las manos a la cabeza cuando partidos progresistas plantean subidas de impuestos a quienes más ganan, a las grandes empresas o a los patrimonios improductivos.

Suelen aducir como argumento que subir (algunos) impuestos frena el crecimiento económico y destruye empleo, dos conclusiones que se han demostrado tan inexactas como la famosa curva de Laffer sobre la que sostienen que bajando impuestos se incrementa la recaudación.

Y aportan desde la crisis de 2008 para acá un segundo argumento: “son lentejas”. Es decir, lo manda Bruselas y todo hay que fiarlo al objetivo de déficit, sin margen prácticamente para políticas estatales propias de signo ideológico distinto al discurso único neoliberal. Esta segunda excusa viene siendo desmentida por el caso de Portugal, donde una coalición de izquierdas ha logrado en los últimos años aplicar recetas diferentes con resultados exitosos. Por resumirlo: en los Presupuestos de 2018, el gobierno portugués ha rebajado los impuestos sobre las rentas más bajas, ha elevado los de las grandes empresas, ha subido (una vez más) las pensiones y los sueldos de los funcionarios públicos, ha extendido la aplicación del bono social de electricidad y gas natural a las familias más vulnerables a la pobreza energética… ¿Ha caído Portugal en el abismo o ha sido expulsado del euro? Al contrario: nuestro vecino luso crece al 2% y reduce el déficit al 1%.

Se ha iniciado ya la cuenta atrás de la negociación del Gobierno con Unidos Podemos y los nacionalistas para intentar sacar adelante en segunda votación el techo de gasto para 2019. Ya hemos señalado la importancia decisiva de la misma y el error que en términos políticos supondría una nueva frustración en el entendimiento de las dos grandes fuerzas progresistas. Un acuerdo exige cesiones. Si se mira al espejo portugués, verán que el pacto de izquierdas nunca ha sido total (por ejemplo, los socialistas rechazaron la nueva tasa a las energías renovables que planteaba este año el Bloco de Esquerda).

Sabemos que un nuevo rechazo del techo de gasto no haría caer inmediatamente el Gobierno recién estrenado, que Pedro Sánchez podría estirar su mandato e incluso negociar Presupuestos sin ese acuerdo. Pero también insistimos en que gran parte de la ciudadanía está deseando confiar en un modelo nítido de país, que sitúe la lucha contra la desigualdad como prioridad democrática. Lo cual es imposible mientras no se aborde una fiscalidad justa y progresiva de la que no escapen grandes empresas, entidades financieras o afortunados ilustres.