Sede de una consejería en San Jerónimo 13. ÁLVARO GARCÍA

El Ejecutivo ha empezado a pagar en 2018 por edificios que subastó en 2013 y 2014

JUAN JOSÉ MATEO / GLORIA RODRÍGUEZ-PINA, 11 Diciembre 2018 ELPAíS

La Comunidad de Madrid gasta decenas de millones de euros al año en pagar el alquiler de edificios que eran suyos y que vendió a operadores privados en el punto álgido de la crisis financiera. Esa decisión afectó a inmuebles emblemáticos que han dejado de ser públicos y permitirá a los compradores recuperar rápidamente su inversión en parte o totalmente, según denuncia la oposición. Preguntado por EL PAÍS, el Gobierno no ha querido detallar cuántos edificios están en esa situación.

Agosto de 2014: La sociedad pública Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid (ARPROMA) vende por 14 millones de euros un edificio en la céntrica calle de carrera de San Jerónimo, 13, acordando con el comprador que la consejería de Economía y Hacienda podrá seguir usándolo como sede hasta diciembre de 2017. Enero de 2018: el Boletín oficial de la Comunidad publica un contrato de arrendamiento que cubre el alquiler de los ocho primeros meses del año con 605.000 euros, ya que el Gobierno ha decidido seguir usando el inmueble. Octubre de 2018: el Ejecutivo publica un segundo contrato de 5.606.811,18 euros para extender el arrendamiento hasta 2023, ya como sede de la consejería de Justicia. Resultado: cuando venza ese acuerdo, el comprador habrá recuperado más del 40% de su inversión inicial, la Comunidad habrá perdido un edificio público, y además habrá pagado más de 6 millones de euros a una compañía privada por usar algo que antes era suyo.

No es un caso único. El Boletín oficial de la región recoge en 2018 acuerdos millonarios similares para sedes administrativas en calles céntricas como las de Alcalá, Madrazo, o Gran Vía. De hecho, fuentes conocedoras de los subastas impulsadas por el Ejecutivo en 2012, 2013 y 2014 aseguran que esa modalidad de venta y estancia en alquiler (sale and lease back) se ha empleado en múltiples inmuebles, proporcionando una inyección puntual de liquidez a las arcas públicas a cambio de crear un agujero patrimonial y de que luego esos ingresos se consuman poco a poco en arrendamientos.

Es el caso, por ejemplo, de seis inmuebles subastados en calles tan ilustres como las de Zurbano o Gran Vía: el precio de venta inicial (77,4 millones de euros en total) ya era menor que el importe del alquiler obligatorio durante 15 años que preveía la operación (79,2 millones hasta 2027), según el pliego de condiciones, al que ha accedido este diario.

“Este Gobierno no ha llevado a cabo ninguna operación de venta con esta modalidad”, se limitó a señalar un portavoz del Ejecutivo, en referencia a que esas decisiones se tomaron durante el mandato de Esperanza Aguirre e Ignacio González. “Si bien cabe recordar que se trata de una práctica legal que, especialmente en los últimos 10 años, coincidiendo con los peores años de crisis económica, han llevado a cabo tanto empresas cotizadas como administraciones públicas de distinto signo político”.

Sin embargo, la Comunidad no ha proporcionado a EL PAÍS ni la lista de edificios afectados por esa fórmula de venta, ni el dato del dinero que se ingresó aplicándola, ni el de lo que se gasta ahora en esos alquileres.

“Se produce una descapitalización de lo público realmente importante”, lamenta Diego Cruz, diputado del PSOE. “Es la venta de las joyas de la corona para proceder luego a hacer más rico a otro”, argumenta. “Lo que se consigue es hacer caja a costa de despatrimonializar la Comunidad, es decir, lo que es de todos”, subraya. “Es hacer caja a corto plazo, vender por una cifra y luego pagar un alquiler que acaba siendo una cifra mayor que la de venta”, añade. “Es una pescadilla que se muerde la cola”.

Ayuntamiento de Madrid

Sin embargo, la Comunidad no fue la única administración regional que apostó por este tipo de operaciones. También el Ayuntamiento de la capital, entonces dirigido por el PP, empleó esa fórmula de venta. Así, el Gobierno de Manuela Carmena ha heredado los contratos de arrendamiento de dos edificios que eran propiedad, respectivamente, de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos y la Empresa Municipal de la Vivienda, y que el PP vendió a terceros en 2012 y 2011. El Ayuntamiento lleva pagados más de 31 millones de euros en alquileres desde entonces. En poco más de tres años habrá gastado tanto por el arrendamiento como lo que ingresó por su venta, 46,89 millones. A partir de entonces, la operación de venta le costará millones al Ayuntamiento.

“Las operaciones de sale-leaseback realizadas por los gobiernos del PP en Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han sido ruinosas para la ciudadanía”, resume Carlos Sánchez Mato, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, que revirtió en el consistorio ventas similares ejecutadas por el Gobierno de Ana Botella. “La búsqueda de eludir los controles fijados para evitar el endeudamiento solo han tenido como fruto incrementos de gasto corriente (en ocasiones como ha ocurrido en el Ayuntamiento con pagos de arrendamientos muy superiores a los precios de mercado) y descapitalización de los patrimonios de las Administraciones Públicas”, opina. “El balance de la gestión de estas operaciones solamente tiene unos ganadores: las empresas privadas que se beneficiaron desproporcionadamente a costa de todos”, argumenta. “Es ineludible una investigación de las circunstancias en las que se produjeron estas operaciones claramente lesivas para los intereses generales. Eso se inició en el Ayuntamiento con la auditoría de la deuda y de las políticas públicas que pusimos en marcha desde el Área de Economía y Hacienda”.

Entre 2015 y 2019 el Gobierno municipal de Carmena habrá reducido el gasto en arrendamientos de inmuebles en más del 50%.

“Nuestra intención ha sido reducir el gasto en alquileres, que llegó a ser de 45 millones de euros, dar el máximo uso a los edificios municipales rehabilitándolos para albergar nuevos equipamientos, o cederlos a entidades sociales e incorporar nuevo patrimonio al Ayuntamiento”, remata el concejal de Economía y Hacienda Jorge García Castaño.

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