En una carta dirigida a los presidentes del Congreso y el Senado, la comisaria de derechos humanos celebra la revisión de la ley y pide que se elimine la posibilidad de limitar la libertad de expresión y de reunión pacífica

«Aumentar las multas por participar en reuniones pacíficas puede ser considerado una restricción invasiva que excede el criterio de proporcionalidad», dice

Además, pide que la ley ofrezca «garantías claras contra las devoluciones inmediatas y las expulsiones colectivas» en las vallas de Ceuta y Melilla

Desalambre 23/11/2018 -eldiario.es

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido que la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, «elimine las posibilidades de injerencia desproporcionada en los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica».

En una carta dirigida a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y el Senado, Pío García-Escudero, Mijatovic ha celebrado la prevista reforma de esta legislación y ha expresado su preocupación por «el impacto negativo que esta ley ha tenido en el disfrute de los derechos humanos» en España.

Mijatovic ha dicho que confía en que la ley sea revisada, ya que, a su juicio, es «amplia e imprecisa», por dar a las fuerzas policiales un «amplio margen de apreciación». Así, la comisaria considera «inquietante» que en 2017 se impusieran 21.122 sanciones por falta de respeto o de consideración hacia las fuerzas policiales y que se sancione como delito grave, incluidos los periodistas, la grabación no autorizada de fuerzas policiales. En 2013, antes de la entrada en vigor de la ley su oficina ya mostró su preocupación por «la creciente práctica de imponer multas administrativas» en manifestaciones.

En el escrito hace suyas las palabras de la ONU en 2008: «Aumentar las multas por organizar o participar en reuniones pacíficas ‘puede ser considerado una restricción invasiva que excede el criterio de necesidad y proporcionalidad». También considera «problemático» sancionar por haber convocado manifestaciones no notificadas, ya que organismos como la OSCE y la Comisión de Venecia defienden que esa sanción no se justifica.

Expresa su preocupación por las multas elevadas en caso de desordenes públicos en manifestaciones frente al Congreso o el Senado y señala que «hay que proteger la reunión pacífica cerca de dichas instituciones». Asimismo, la experta se muestra contraria a sancionar las «alteraciones menores» en una manifestación, la ocupación del espacio público y la resistencia o desobediencia a las fuerzas policiales. Solo en 2017, dice en su carta, se impusieron 13.033 multas por el último motivo. Además, considera que el España «carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden».

Pide garantías contra las devoluciones en caliente

En su carta, la responsable del Consejo de Europa ha vuelto a dar un tirón de orejas por las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Mijatovic ha pedido que la ley ofrezca «garantías claras contra las devoluciones inmediatas y las expulsiones colectivas» de migrantes y «proteja el derecho de asilo».

Ha solicitado, además, una «directriz clara y obligatoria» por parte de las autoridades españolas para que la Guardia Civil actúe de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos cuando los migrantes tratan de acceder a territorio español de forma irregular.

El Gobierno de Mariano Rajoy dejó pendiente este protocolo cuando trató de amparar las devoluciones en caliente bajo la figura de los «rechazos en frontera» en la ‘ley mordaza’. Los «rechazos» son las expulsiones en las vallas de las ciudades autónomas, que según el texto de la norma deben respetar el derecho internacional, pero no se han dado directrices a los agentes fronterizos para hacerlo.

En la práctica, no lo hacen tal y como  han denunciado Acnur y el propio Consejo de Europa. Sin identificación, asistencia letrada ni opción de pedir protecciones internacional, las expulsiones no cumplen los mínimos exigidos. A pesar de que Pedro Sánchez se comprometió a acabar con ellas, Interior no ha ordenado el fin de estas prácticas y se han seguido llevando a cabo.

El Gobierno tampoco las derogará en la reforma de la ‘ley mordaza’, alegando que esperará hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condenó a España hace un año por dos devoluciones en caliente en Melilla en una sentencia que ha sido recurrida por el Ejecutivo.