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El Tribunal de Cuentas se opone a fiscalizar a la Iglesia

El órgano público de control deja a la institución fuera de su plan para 2017, lo que impide examinar su asignación vía IRPF, sus exenciones fiscales y sus conciertos educativos

2017-01-12 13:48:53

Cuatro consejeros se oponen y tres de ellos piden comprobar si los procedimientos de financiación "se ajustan al marco normativo"

El Tribunal, a preguntas de infoLibre, subraya que nada impide que la fiscalización de la Iglesia se realice en años venideros

Ángel Munárriz | Sevilla, infoLibre, 11/01/2017

Cardenales junto a Felipe VI, Letizia y Sáenz de Santamaría. 

Casa Real

 

La Iglesia, a pesar de que su financiación depende de ayudas públicas y beneficios fiscales, se libra en gran medida del escrutinio del Estado. El Tribunal de Cuentas, el órgano democrático responsable del control del sector público español, ha dejado fuera de su programa de fiscalizaciones de 2017 a la institución católica. La decisión ha provocado la oposición de cuatro de los trece miembros con derecho a voto del pleno del Tribunal de Cuentas, que creen urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denuncian que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto.

La minoría discrepante tiene una posición tajante. Según el voto particular de tres de ellos, la Iglesia es una institución con cuentas poco claras que se beneficia de una cantidad ingente –pero hasta ahora no cuantificada– de recursos públicos "sin rendir cuentas de su destino". Por ello, reclaman una "primera aproximación" a los fondos públicos que recibe para evaluar si el sistema de "asignación tributaria" se ajusta a la norma. En comparación con la Iglesia, exponen en su argumentación, incluso la Casa Real se esfuerza por ser transparente.

El Tribunal de Cuentas, consultado por infoLibre, explica a través de cauce oficial que los argumentos sobre esta cuestión de la mayoría del pleno no están recogidos en la programación de 2017, porque no es necesario explicitar por qué no se incluye un informe determinado, pero que dichos argumentos fueron debatidos y votados por la mayoría de los trece miembros con derecho a voto del pleno. El Tribunal de Cuentas, que recuerda que las deliberaciones del pleno son secretas, subraya que la decisión de no incluir la fiscalización de la Iglesia en el programa de 2017 no presupone que esta postura se mantenga en años venideros.

Más de cien informes

El programa de fiscalizaciones incluye la previsión de más de un centenar de informes, que se realizarán a lo largo de 2017 y 2018. Recoge la realización de estudios por mandato legal (por ejemplo, de los estados contables de los partidos políticos), por exigencia de las Cortes Generales (de los gastos del tranvía de Jaén, por citar uno) y por iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, que son la mayoría: de la gestión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de las cuentas del Consorcio Casa del Mediterráneo, de los contratos con Fremap... Pero ni asomo de la Iglesia católica, que nunca ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.

La aprobación del programa de fiscalizaciones, que tuvo lugar el 22 de diciembre, cuenta con la oposición de cuatro consejeros, todos adscritos al ala considerada progresista dentro del equilibrio de sensibilidades que opera en el Tribunal de Cuentas. Se trata de Felipe García (propuesto por el PSOE), presidente de la sección de Enjuiciamiento –que también dirige y coordina–; María Antonia Lozano, también de la Sección de Enjuiciamiento (propuesta por el PSOE, tras acuerdo con IU); LluisArmet, del departamento de Fiscalización (también propuesto por el PSOE), y Enriqueta Chicano, del mismo departamento que Armet (e igualmente propuesta por los socialistas). Los tres primeros firman el voto particular contrario más duro. Chicano firma en solitario otro voto particular.

Una petición "sistemática" que cae en saco roto

El voto contrario de los tres primeros recuerda que "algunos consejeros vienen proponiendo de forma sistemática y reiterada" la fiscalización de "alguna de las diversas fuentes de financiación pública" de la Iglesia. Dichas propuestas –exponen los consejeros discrepantes– han contado con "manifestaciones favorables" del pleno, que no obstante no ha tomado cartas en el asunto. El propio Felipe García, presidente de la sección de Enjuiciamiento, propuso durante la tramitación previa del programa de 2017 que fuera examinado el "sistema de asignación tributaria" a la Iglesia, en lo que supondría un primer paso en el examen de la cuestión. Se le hizo caso omiso.

[Leer completo en infolibre.es]

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