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¿Dónde están los 60.000 millones del rescate bancario?

22,5 millones de euros prestados por Caja Ávila a una empresa con un único propietario y administrador

2017-02-25 02:15:42

Santiago Fernández Muñoz, InfoLibre,  24/02/2017

Vista del encinar protegido que se pretendía urbanizar en Torrelodones.

Hace unos días se hacía público el informe del Tribunal de Cuentas que estima el coste del rescate bancario en más de 60.000 millones de euros.

La pregunta que inmediatamente nos surge a todos es ¿dónde están esos 60.000 millones? ¿Se han esfumado? Lo mareante de las cifras hace que ni pretendamos entender qué ha pasado con semejante marea de millones. Pero esos fondos no se han “perdido”. Han pasado de la banca pública a manos de personas físicas con nombre y apellidos.

Explicar lo ocurrido con una pequeña finca de Torrelodones (Madrid) entre 2004 y 2017 nos puede ayudar a comprender la realidad del rescate bancario.

La finca 2266 o Prado de Peña Negra es un encinar situado en Las Rozuelas de 14,5 hectáreas que forma parte de la llamada Área Homogénea Norte, un monte incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y protegido también como Lugar de Importancia Comunitaria por las directivas europeas. El AHN es por tanto una zona de alto valor ambiental que el propio pleno del Ayuntamiento de Torrelodones protegió por unanimidad en 2003, cambiando su clasificación de Suelo No Urbanizable Común a Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido. Pocos meses después se celebraron elecciones municipales en Torrelodones y el Partido Popular, que venía gobernando el municipio en los 15 años anteriores, cambió al alcalde por un candidato favorable a la urbanización, ganó las elecciones con mayoría absoluta e inició rápidamente los trámites.

El informe ambiental

En 2004 el Ayuntamiento presentó un proyecto que pretendía construir 1.524 viviendas, un campo de golf, dos centros empresariales, dos centros educativos, un centro de salud y una zona comercial. La previsión era incorporar 5.000 nuevos habitantes al municipio. Encargó entonces un informe técnico con el objetivo de conocer la viabilidad ambiental de la operación. El primer borrador del informe no descartaba la posibilidad de urbanizar la zona, pero apuntaba graves limitaciones ambientales. Poco después, la empresa entregaba una segunda versión con las conclusiones alteradas por completo. Pese a los cambios, el documento de viabilidad ambiental no les pareció suficientemente positivo y los promotores encargaron un nuevo estudio a otra consultora, muy conocida por avalar los proyectos urbanísticos más agresivos de la Comunidad de Madrid. Sus conclusiones son categóricas: la propuesta de urbanización “pone en valor un área que presenta un importante estado de abandono como testimonian los vertidos puntuales de residuos y la masa forestal no intervenida”.

El terreno incrementa su valor

Los montes del AHN son suelos protegidos, espacios con un bajo valor económico ya que no poseen potencial agrícola y únicamente está permitido realizar actividades agropecuarias no intensivas (ganadería, agricultura, caza y aprovechamientos forestales). Estos suelos alcanzaron en 2006, en el cénit de la burbuja inmobiliaria, un valor máximo de 6,25 € el m2 de acuerdo con optimistas informes municipales. Sin embargo, en 2006, TINSA, Sociedad de Tasación propiedad de un grupo de cajas de ahorros, valoró en 181.420.476 euros las 128 hectáreas del AHN; es decir, según TINSA cada m2 valía 141 €. La clave de esta desmesurada valoración es que introduce la hipótesis de que “los terrenos serían reclasificados en una próxima revisión de las normas subsidiarias”. Es decir, valoran los terrenos como si fueran urbanizables, clasificación que nunca tuvieron.

Durante los años de la burbuja, y todavía hoy, la principal clave del negocio inmobiliario es adquirir los terrenos cuando todavía son no urbanizables a propietarios rurales, con la expectativa de lograr la reclasificación y multiplicar por cientos de veces el precio de esos terrenos. Es decir, el éxito de muchos empresarios inmobiliarios no se basaba en su pericia en la promoción, construcción y venta de viviendas sino en su capacidad para lograr que alcaldes y concejales aprobaran sus propuestas de reclasificación.

[Leer completo en infolibre.es]

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