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Alegación sobre las minas en Ávila

Alegación de Ávila Abierta al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León sobre la apertura de minas a cielo abierto en Ávila

2017-03-19 22:55:37

AL DELEGADO TERRITORIAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA

Pasaje del Císter, 1 C.P. 05001 Ávila

Asunto: ACUERDO DE APERTURA del periodo de información pública relativa a la admisión definitiva del Permiso de Investigación “RIOFRÍO” nº 1146 sito en los términos municipales de Sotalvo, Gemuño, Mironcillo y Riofrío (Ávila).

D, SERAFÍN DE TAPIA SÁNCHEZ con DNI 7768300G, en representación de la Asociación Cultural ÁVILA ABIERTA  y con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Don Suero del Águila, 3 de ÁVILA (Código Postal 05002), en tiempo y forma presenta las siguientes

ALEGACIONES

Primera.-

El suscribiente interviene en el procedimiento administrativo en condición de interesado, según establece el artículo 31 y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y así en los principios rectores de la política social y económica, la Constitución Española establece el derecho y el deber de conservar el medio ambiente. La doble vertiente de este principio se constituye no sólo en un derecho que ha de ser preservado, sino también en una obligación que cualquier administración pública y ciudadano tiene que poner en práctica.

El artículo 149 de la Carta Magna establece las competencias de las distintas administraciones del Estado para conseguir este objetivo. De este modo, las comunidades autónomas poseen la facultad de establecer normas adicionales de protección.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León dispone en su artículo 4 que el patrimonio natural es un valor esencial para la identidad de la Comunidad de Castilla y León, que será objeto de especial protección y apoyo. 

Segunda.-

Se incumple manifiestamente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece el principio de publicidad activa (Título I, capítulo II), reconoce y garantiza el acceso a la información (preámbulo I), que impone a todas las Administraciones Públicas y otros organismos y entidades (Art. 2)  la obligación de publicar en página Web (Art 5.4) la información de relevancia jurídica, constituida, entre otros, por “los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación” (Art. 7,e).

La información deberá ser publicada en la sede electrónica o página web de una manera clara y estructurada (Art. 5.4). La información será de acceso fácil y gratuito (Art. 5.5). Lógicamente la libertad y facilidad de acceso conlleva que no se deba exigir la identificación del público mediante DNI o firma electrónica. Y en el supuesto de que la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad se llevará a cabo previa disociación de los mismos (Art. 5.3). Y por tanto no ha de servir de excusa la existencia de datos personales en los documentos que integran el expediente para denegar la consulta o copia del expediente.

Un principio básico para la ciudadanía es el referido al derecho de acceso a la información medioambiental que se establece entre otros en la Ley 27/2006, que en realidad traspone dos Directivas comunitarias (2003/4/CE y 2003/35/CE). Un derecho inalienable e indisponible para todos, cuya dimensión y trascendencia esta enfatizada en la propia Exposición de motivos de la mencionada Ley: “El pilar de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos.”

Por otra parte, en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León esta obligación queda reforzada por el Artículo 2.1 de la ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, que establece la obligación de facilitar el acceso a la información objeto de publicidad activa a través del Portal de Gobierno Abierto integrado en la Web corporativa de la Junta de Castilla y León.  Y por tanto mientras no se publique el Anuncio con la información completa y se disponga de una página Web oficial donde consultar y descargar libremente la documentación en los períodos reglamentarios, no podrá entenderse efectuado el trámite de Información Pública.

Recordamos por tanto, que la falta de publicación conforme a la Ley de Transparencia constituye causa de nulidad de pleno derecho del acuerdo que se adopte, conforme dispone el Artículo 47.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pues de seguir adelante “EL STDICYTDAV” prescindirá totalmente del procedimiento establecido legalmente, como hasta ahora por otra parte y sin justificación alguna ha venido haciendo.

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humor.corto

—¿Nos hacemos unas vacaciones pagadas, alcalde? —Vale, Héctor, a Cataluña. Me han hablado de una colección Bassat. —Que venga el gerente de Lienzo Norte y entre los tres seleccionamos las obras.

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