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Fosas sin excavar, símbolos fascistas y nula financiación

Diez años de fracaso de la ley de Memoria Histórica

2017-12-30 01:16:08

El 28 de diciembre de 2007 entró en vigor el texto que debía reparar la imposición de la visión franquista de la guerra y la dictadura

El PP ha boicoteado la ley a base de eliminar fondos, las sentencias franquistas no se han anulado, centenares de fosas esperan a ser excavadas y no se ha resuelto la cuestión del Valle de los Caídos

"Tenía lagunas importantes, cuestiones sin abordar" admite el socialista Odón Elorza cuyo partido ha presentado una reforma más ambiciosa que la actual norma

Carlos Hernández, eldiario.es,n27/12/2017 - 20:44h

Se cumple el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica

Si hay un hecho que demuestra el fracaso de la llamada Ley de Memoria Histórica es que hoy, cuando se cumplen diez años de su entrada en vigor, el único partido que se niega a modificarla es el que manifestó una oposición frontal y beligerante a su aprobación. El PP, que acusaba en 2007 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reabrir heridas y de enfrentar a los españoles con esta iniciativa legislativa, se siente ahora tan cómodo con la Ley que no ha necesitado ni derogarla.

El propio presidente Rajoy se vanagloria públicamente de la estrategia que le ha permitido convertir en papel mojado sus 22 artículos y 11 disposiciones: "Para la Ley de Memoria Histórica la asignación presupuestaria en todos nuestros presupuestos ha sido cero. La media es cero. Fue cero todos los años. Cero". 

Los juristas coinciden, no obstante, en que el problema de esta ley va más allá de la falta de voluntad política del gobierno de turno. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica a eldiario.es que "la redacción era ambigua y poco clara, pero sobre todo no resolvía el problema de fondo. Ya en el preámbulo se hablaba de reconciliación, de la utilización de métodos violentos para implantar regímenes totalitarios… pero no se culminaba la argumentación. Se hablaba de reconciliación sin querer admitir que lo que se produjo en nuestro país fue un asesinato masivo. Franco, Mola y Queipo de Llano, los tres principales cabecillas de la rebelión, dijeron, hasta por escrito, que su objetivo era exterminar a los disidentes, exterminar a quienes no pensaban como ellos. Hasta que no se admita eso, hasta que no se condene firmemente lo ocurrido y no se recuperen los valores constitucionales republicanos, este país tiene un problema". 

Al analizar los datos de estos diez años se comprueba que el principal logro de la Ley ha sido conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos del exilio. Gracias a esta medida, cerca de 340.000 descendientes de exiliados republicanos y combatientes de las Brigadas Internacionales han pasado a disponer de un pasaporte español, sin tener por ello que renunciar a la nacionalidad que ostentaran en ese momento. A partir de este único éxito, el resto de medidas se cuentan por fracasos o por tareas inconclusas. 

Entre las segundas debemos incluir, en primer lugar, la erradicación de los símbolos franquistas.  En los primeros años de aplicación de la Ley, todavía bajo Gobierno socialista, se retiraron más de 3.000 vestigios de la dictadura. El ritmo se ralentizó con la llegada de Rajoy a la Moncloa y pasó a depender, en buena medida, de la voluntad y el color político de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Calles, colegios, escudos...

A día de hoy la ley no ha impedido que decenas de ciudades y pueblos conserven calles, escudos y otros monumentos dedicados a destacados miembros de la dictadura. Si nos fijamos únicamente en los nombres de los colegios públicos, según el recuento realizado por eldiario.es, todavía hay más de 80 centros educativos que homenajean a figuras destacadas, y muchas veces sanguinarias, del franquismo.

La ley es tan interpretable que se han dado en estos años situaciones tan kafkianas como que dos juzgados dicten sentencias absolutamente contradictorias: mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permitió al pueblo de San Leonardo de Yagüe conservar su denominación en recuerdo del tristemente célebre Carnicero de Badajoz, un juzgado de Badajoz obligó al municipio de Guadiana del Caudillo a retirar de su nombre la referencia al dictador (aunque el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a la sentencia).

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Tabarnia se quiere parecer al resto de las autonomías españolas y organiza un casting para seleccionar a sus propios políticos corruptos.

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