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Una Constitución, dos Constituciones, tres Constituciones...

A diferencia de otros países como el Reino Unido o Estados Unidos en este país hemos tenido unas cuantas Constituciones. Casi se podría decir que nos gustan tanto las Constituciones que cada dos por tres queremos cambiar la que tenemos por una nueva.

2015-06-08 10:28:50

Una Constitución, dos Constituciones, tres Constituciones…

Publicado por Alfonso Vila Francés, jot down, 6-6-2015

El top ten de las Constituciones españolas

A diferencia de otros países como el Reino Unido o Estados Unidos en este país hemos tenido unas cuantas Constituciones. Casi se podría decir que nos gustan tanto las Constituciones que cada dos por tres queremos cambiar la que tenemos por una nueva.

La primera de todas, como es sabido, es la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, «La Pepa». No obstante es conveniente citar el Estatuto de Bayona de José I, «Pepe Botella», que a pesar de ser pomposamente llamado «Acte Constitutionnel de l’Espagne» en realidad no pasaba de carta otorgada y además concedida por un monarca extranjero mantenido en el Gobierno por un ejército invasor. Pese a eso, en 1808 algunos vieron a los franceses como los únicos capaces de acabar con el absolutismo en España y, al menos en un principio, no les miraron con tan malos ojos como el resto.

Muy poco después, en 1812, los que rechazaban a los franceses y se consideraban representantes del legítimo Gobierno nacional convocan Cortes en la única ciudad libre y redactan la primera Constitución española. La situación es excepcional y, como es sabido, entre los diputados hay pocos defensores del absolutismo, lo cual no quiere decir que todos los ilustrados-liberales tengan muy claro lo que hay que hacer, o mejor dicho: hasta dónde tienen que llegar las reformas.

Al final la Constitución les sale un poco recatada, o incluso mojigata. La soberanía popular queda reducida a soberanía nacional y los ciudadanos activos, los que pueden votar y ser elegidos, son muy pocos, una ínfima parte de los españoles. Además el rey sigue conservando un gran poder y el Estado se declara, como no podía ser de otra manera, confesional, con la prohibición expresa de otras religiones. Pese a todo las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes sí las llevan a la práctica (aunque le cedan al rey el poder ejecutivo, entre otras prerrogativas) y deciden crear una sola cámara y no dos, precisamente para evitar una segunda cámara aristocrática que favorezca al rey y defienda el absolutismo. Luego falla el asunto de los derechos individuales, que no aparecen claramente identificados y tipificados, aunque sí se reconozcan los básicos como el de libertad y propiedad. Naturalmente las cosas hay que juzgarlas en su contexto y en la época que estamos el simple hecho de separar poderes y hablar de soberanía (sea nacional o popular) ya es un gran paso adelante, y la mejor prueba es que la Constitución fue totalmente rechazada por el rey y por los partidarios del absolutismo que lograron, con muy poco esfuerzo hay que decir, acabar con ella al poco de ser aprobada. En 1814 vuelve Fernando VII, se publica el «Manifiesto de los persas», el general Elío hace uno de esos pronunciamientos que luego serán el pan nuestro de cada día y toda la obra de las Cortes de Cádiz (que además de la Constitución incluye otros decretos y medidas económicas y sociales) es anulada y condenada al olvido. Hasta que llegue Riego en 1820 y comience el Trienio liberal. Entonces será cuando la mayoría de los españoles conozcan la Constitución del 12 (antes, bajo dominio francés, ni se habían enterado), pero eso no significará que de buenas a primeras se vuelvan liberales. Sin grandes problemas, de nuevo, Fernando VII conseguirá en 1823 reimplantar el absolutismo.

Hasta 1834 no se vuelve a hablar de Constituciones ni de nada parecido. Pero en 1834 la regente María Cristina necesita desesperadamente el apoyo de los liberales y eso tiene su precio. Al principio quiere regatear todo lo posible, en lugar de Constitución, otra carta otorgada: el Estatuto Real de 1834, pero con los carlistas a las puertas de la capital los liberales se sienten fuertes y piden más, piden una Constitución de verdad, o como mínimo, la vuelta de la Constitución del 12. Al final tendrán Constitución nueva, una Constitución que necesita de varias revueltas populares y motines para ver la luz (como las revueltas populares del 35 que incluyen como gran novedad y pronto tradición la quema de conventos, y el «motín de los sargentos de la Granja» del 36), una Constitución que, pese a todo, no va mucho más lejos que «La Pepa». La soberanía nacional pasa a ser compartida por el rey y las Cortes, que dejan de ser unicamerales (y, claro está, el rey controla en la práctica la de los senadores) y el sufragio censitario solo llega al dos por ciento de la población española. Pese a todo a la reina le parece demasiado y en cuanto pueda se la quitará de encima, a la Constitución, a Mendizábal y a su desamortización. Por desgracia para ella llegará Espartero y volverá a restituirlo todo, y de paso le enseñará la puerta de salida a la regente, inaugurando otra cosa que pronto será tradición: el poder político de los militares.

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—¿Nos hacemos unas vacaciones pagadas, alcalde? —Vale, Héctor, a Cataluña. Me han hablado de una colección Bassat. —Que venga el gerente de Lienzo Norte y entre los tres seleccionamos las obras.

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