Aroa Moreno Durán, InfoLibre, 13/01/2021

Dos fallecidos, un hombre y una mujer, con patología crónica, pero que estaban estables. Tres fallecidos más reportados por la Agencia Antidroga. Infecciones respiratorias en adultos y menores que se agudizan hasta entrar en parada cardiaca. Bronquiolitis en bebés que requieren hospitalización. Recién nacidos incapaces de autorregular su temperatura corporal. Niños con manos y pies violáceos. Sabañones ulcerados en menores de tres años. Mujeres con manos ensangrentadas por lavar la ropa en agua helada. Ropa que no se secará. Más de cincuenta personas intoxicadas en los últimos tres días por el monóxido de carbono que desprenden las estufas de leña y chimeneas que no tiran bien. Varias quemaduras y dos incendios. Diabetes descontroladas porque no pueden conservar la insulina a temperaturas tan bajas. Enfermos de pulmón que no pueden conectar sus respiradores a la red. Altos niveles de ansiedad provocados por la extrema sensación de frío y por proteger a los niños. Ansiedad por el pánico a no despertarse tras la inhalación de humo. Intentos de suicidio.

Esta es la situación de emergencia sanitaria de los vecinos de Cañada Real, un asentamiento de 12 kilómetros de largo en la periferia este de Madrid y que toca tres municipios: Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada. Llevan desde octubre sin luz. Me la describe Lidia Ortega de vuelta a su casa en el metro el lunes a última hora, a punto de arrancar la noche más fría de los últimos 100 años. Lidia es médica de Atención Primaria y Comunitaria y forma parte del EIPE, la furgoneta medicalizada con la que un grupo formado por cinco sanitarios (Beatriz Aragón, Nabil Diouri, Daniel García, Santiago Agudo y ella) lleva más de catorce años atendiendo a los vecinos de Cañada Real. Todos los días se desplazan desde Vallecas a la Cañada para atender a los enfermos crónicos y las urgencias diarias. En estos días, no han podido acudir con su furgoneta, les ha llevado un voluntario de un grupo formado en Telegram por dueños de coches 4×4 que se ha organizado en Madrid para traslados de emergencia ante el colapso por la nevada. Si ellos no van, más de 7.000 personas quedan desatendidas.

Cañada Real no es un asentamiento reciente, aunque sus problemas hoy sean extremadamente urgentes. Su historia se remonta a los años cincuenta, cuando migrantes ganaderos y agricultores de Andalucía y Extremadura se asentaron en la periferia de la capital y comenzaron a levantar sus casas sobre una antigua vía pecuaria. A finales del franquismo, con buena parte de los núcleos de chabolas desmantelados, muchas familias gitanas se trasladaron hasta allí. Poco a poco, la zona fue recibiendo también a migrantes extranjeros, marroquíes, búlgaros, rumanos o bolivianos en los flujos migratorios de los años 90 y principios de los 2000. Ese es el paisaje que hoy tiene: un asentamiento con una fuerte diversidad cultural y social. La Cañada se divide en varios sectores. Las informaciones que nos llegan suelen hacer referencia al sector 6, de fuerte y clara exclusión, viviendas que apenas se sostienen en cuatro paredes y donde se venden cada día más de 200 dosis de estupefacientes. Las necesidades de electricidad del cultivo de la marihuana, hicieron saltar las alarmas de la empresa suministradora, Naturgy, que señaló la sobrecarga de estos enganches a su red. Desde octubre, no hay luz.

La realidad no siempre es fácilmente clasificable. Cañada Real contiene ese mercado de la droga y a la vez, en esos sectores 5 y 6 habitan 1.812 niños y niñas que están sobreviviendo a las temperaturas extremas en medio de la tercera ola de la pandemia. En cualquier caso, ninguna administración debería dejar a sus ciudadanos en la intemperie más extrema.

El estigma es potente, medios y administraciones se han encargado durante años de propagar únicamente la imagen de narcotráfico y delincuencia. En nuestro orden mental justificamos todo lo que allí sucede como consecuencia casi de una marginación elegida. Una técnica de Infancia de una de las muchas entidades que trabajan en el terreno, incluida la parroquia Santo Domingo de la Calzada, desde donde arrancó la acción social, me cuenta la dificultad de crecer allí, la frustración de miles de adolescentes que quieren seguir estudiando y no tienen forma de acudir a los centros educativos de Bachillerato o ciclos formativos una vez que terminan la educación obligatoria, para la que sí hay rutas hasta el colegio. La salida de la Cañada no es tan fácil como tener el deseo de querer hacerlo. Comienza con una hora de camino hasta el transporte más cercano.

Veo a diferentes administraciones municipales y regionales aplaudiendo sus medidas de futuro para la Cañada Real. Leo el Pacto Regional, firmado por Manuela Carmena y Cristina Cifuentes en 2017, donde se comprometieron a desmantelar el sector 6, consolidar las viviendas del sector 1, perteneciente a Coslada, y llevar a cabo un plan de choque urgente para dotarlo de carreteras, luz y agua. Pero después de aquellos flashes y ruedas de prensa, no ha habido casi nada.

Veo un reportaje donde Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, pasea tranquilo por la Cañada con un reportero y básicamente dice que van a darle a estos vecinos lo que piden: el suelo donde están construidas sus casas. La técnica de Infancia me explica que, para la gente que vive allí, las casas que han levantado son sus casas desde hace décadas, que quieren pagar la luz y no ir a ningún albergue. No quieren abandonar el lugar que heredaron, en muchos casos, de sus antepasados. Que son familias que tienen interés en formarse, mujeres que hasta ahora acudían a sus clases de español, que quieren acceder al empleo. Explica que la policía y las administraciones son perfectamente conscientes de dónde están esos enganches de luz ilegales que mantienen vivas las plantaciones de marihuana. El lunes se desengancharon 12 puntos de luz sospechosos. Me explica que el abandono y dejadez frente a la Cañada no son arbitrarios. Y que es difícil que una administración se haga cargo de dar puntos de luz al asentamiento porque sería una forma de reconocer su infraexistencia y participaría de esta potente exclusión.

Un país desarrollado no solamente lo miden el número de máquinas quitanieves que tiene para reducir las consecuencias de un temporal como el que estamos atravesando, antes debería alarmarnos su incapacidad para atender a los ciudadanos que viven en condiciones extremas antes de que sea demasiado tarde. Lo mide la respuesta social ante situaciones que vulneran los derechos humanos. Me avergüenza ver las manos moradas de los niños de la Cañada. Que no tengan luz para hacer sus tareas. Que no sepan cómo despertarán después de otra noche de frío. Que no puedan mantener el distanciamiento necesario en una pandemia porque están todos amontonados alrededor de una lumbre de leña para calentarse y sobrevivir a alguna de las situaciones de peligro a las que hoy están expuestos.

Nadie, ni los ayuntamientos, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central está impidiendo que se dejen de vulnerar los derechos de los niños y niñas de la Cañada Real. Están en la obligación jurídica, tanto las administraciones como la empresa de suministro, de garantizar la luz. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor obligan a las administraciones y empresas a garantizar los derechos del niño como algo primordial.

Mientras el laberinto político, burocrático y económico se desentraña una vez más, la población que vive en Cañada sigue al límite de la vida y no les arropan ni los tuits bienintencionados de unos, ni las cínicas expresiones de responsables que meten ruido y juegan a confundir a la opinión pública. Esta noche la temperatura bajó hasta los -10 grados en Madrid.