La Justicia europea avala el blindaje a las multinacionales del CETA

Bélgica pidió aclarar la compatibilidad del ‘TTIP canadiense’ con el derecho de acceso a los tribunales, el derecho a una justicia independiente e imparcial, el principio general de igualdad y el imperativo de ‘efecto útil’ del derecho comunitario y la competencia exclusiva del TUE para interpretar el derecho de la UE.

30/04/2019  PÚBLICO | EUROPA PRESS

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), siguiendo el criterio del abogado general de la Unión Europea, ha dado visto bueno al blindaje de las multinacionales del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés). Bélgica había llevado a la corte europea este mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ICS) creado para el TTIP canadiense, un acuerdo que entró el pasado mes de septiembre pese a la amplia contestación social y política.

Se trata de un instrumento que prevé la creación de un tribunal y de un tribunal de apelación y, a más largo plazo, de un tribunal multilateral de inversiones, pero sus críticos veían en este modelo una forma de resolver los conflictos en una justicia paralela.

En su dictamen, el TUE concluye que un acuerdo internacional que crea un órgano jurisdiccional para interpretar sus disposiciones y cuyas decisiones sean vinculantes para la UE es en principio compatible con el Derecho europeo, siempre que «no vulnere la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión».

Sí avisa de que, tratándose de tribunales que no pertenecen al sistema jurisdiccional de la UE, «no pueden estar facultados para interpretar o aplicar disposiciones» del derecho comunitario «distintas de las del CETA, ni para dictar laudos que puedan impedir que las instituciones de la Unión actúen conforme al marco constitucional de ésta».

A juicio del TUE, el acuerdo negociado con Canadá no plantea problemas a este respecto porque no atribuye ninguna competencia de interpretación o de aplicación del Derecho de la Unión más allá de la relativa a las disposiciones del propio acuerdo.

Además, el dictamen señala que el CETA cuenta con cláusulas que privan a los tribunales del sistema de arbitraje de la competencia para cuestionar el nivel de protección del interés público.

Finalmente, da por buenas las garantías del Consejo y de la Comisión para asegurar que también las pymes podrán acceder a los tribunales previstos en este mecanismo y evitar así que su acceso quede restringido a empresas o personas que dispongan de elevados recursos financieros.

En vigor provisionalmente

El controvertido pacto comercial entró en vigor de manera provisional en septiembre de 2017, tras superar durante su proceso de ratificación las reservas de la región belga de Valonia, que durante un tiempo amenazó con tumbarlo y finalmente levantó su veto con la condición de que se sometiera al dictamen del TUE.

De este modo, la mayor parte de las disposiciones del CETA pudieron entrar en vigor de manera provisional en ese fecha –la parte que es competencia exclusiva de la UE–, mientras que lo referente al tribunal de arbitraje, que requiere la ratificación de todos los Estados miembros, quedó en suspenso a la espera de que Bélgica se pronuncie tras conocer este dictamen.

En su consulta al tribunal con sede en Luxemburgo, el Gobierno belga pidió aclarar la compatibilidad del CETA con el derecho de acceso a los tribunales, el derecho a una justicia independiente e imparcial, el principio general de igualdad y el imperativo de ‘efecto útil’ del derecho comunitario y la competencia exclusiva del TUE para interpretar el derecho de la UE.

Tras conocerse la opinión del TUE, el viceprimer ministro belga y titular de Exteriores, Didier Reynders, ha destacado que las «respuestas del Tribunal aportan claridad y reafirman la voluntad de reforma hacia una política comercial ambiciosa y equilibrada».

Según ha destacado en un comunicado el Ministerio de Exteriores belga, el sistema de resolución de litigios constituye un «primer paso» de cara a establecer un «tribunal multilateral de inversiones» que, cuando se concluya, se convertirá en la instancia jurídica competente para resolver conflictos entre los inversores y los Estados.