Resulta evidente que en los últimos meses todos hemos estado más preocupados por otras cosas. Por otra cosa. Como es lógico, también lo han estado las Administraciones y con toda razón. Desde luego que el interés por las personas y lo sanitario han tenido y tienen prioridad. Ahora bien, dicho esto, hay que recordar que quedan otros asuntos pendientes y que, algunos, por desgracia, provienen de tiempos anteriores a la llegada de la maldita pandemia y corremos también el riesgo de que sean irreversibles sus daños.

Este es el caso del estado de ruina galopante del antiguo convento de Las Gordillas, situado en el centro de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 308/1991 de 24 de octubre, lo que supone que debería tener el máximo nivel de protección. Parece que nuestras administraciones se han olvidado en este caso de que están obligadas a cumplir las leyes, también la de Patrimonio Histórico Español de 1985, que en su artículo 4 dice:

A los efectos de la presente ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos, la Administración del Estado con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.

Resulta obvio que el antiguo convento de Las Gordillas está siendo expoliado; que nos está siendo expoliado a los ciudadanos actuales y también a las futuras generaciones. Sería una verdadera pena que tanta desidia únicamente tratara de ocultar una bochornosa historia que desde las últimas décadas del siglo pasado rebosa avaricia, desinterés, desaforado ánimo de lucro y operaciones de ocultamiento financiero realmente peculiares que debe ser que hay a quien no conviene que se aireen.

Por cierto, que con la publicación de este texto no se pretende más que cumplir con la mencionada ley, confiando en que llegue a oídos de alguna Administración:

Artículo 8:

Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone.

Raimundo Moreno Blanco